El
pasado 12 de septiembre se debatió en el Parlamento Vasco la modificación de la
Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. Desde el Grupo
Municipal Mixto queremos denunciar la situación de desprotección social a la que
se ve abocada una parte importante de la ciudadanía, así como la criminalización
de las personas beneficiarias de la RGI, que se está realizando por parte del
propio Gobierno Vasco, el cual debería de ser garante de los derechos de las
personas más desfavorecidas.
Consideramos
que se ha introducido un cambio fundamental en el espíritu de la Ley aprobada
en 2008 con un amplio consenso político. La Ley de RGI pasa de ser una apuesta
por la protección y las garantías sociales, a ser un elemento de criminalización
de la pobreza, todo ello enmascarado tras la excusa de una optimización del
sistema vasco de bienestar social, la persecución del fraude y la limitación de
la solidaridad en tiempos de austeridad.
Esta
austeridad se pretende conseguir incrementado los requisitos de entrada y
permanencia de las familias y las personas en el sistema de protección social de
Euskadi, atendiendo a criterios de eficiencia y economía presupuestaria, pero no
se entra a valorar las situaciones globales que afectan a quienes están
solicitando tal prestación.
Por
lo que desde grupo municipal Mixto, nos vemos en la obligación de expresar
nuestro más rotundo rechazo ante cualquier intento de limitar los derechos
sociales.
Consideramos
que requerir empadronamiento de como mínimo 3 años en un municipio vasco; o vida
laboral de 5 años si se tiene un año de empadronamiento, pero menos de 3, son
modificaciones que terminan de dar la puntilla a las medidas restrictivas que
desde hace más de un año se vienen imponiendo a las personas y familias que
reciben la Renta de Garantía de Ingresos, que han tenido que ir ajustándose a
las modificaciones introducidas por las diferentes Administraciones, para la
consecución y mantenimiento de la prestación, restricciones que ya hasta la
fecha eran numerosas para el acceso a la RGI.
Cuando
en los años 80 la sociedad vasca fue golpeada por otra crisis, este país apostó
por la generación de un estado de bienestar y de protección de las personas más
desfavorecidas, por lo que no es admisible que la sociedad vasca, en la que el
estado de bienestar y los sistemas de protección social han sido pioneros y
modelos a seguir durante décadas, se vean ahora en retroceso flagrante por un
acuerdo político.
Ante
el más que posible recrudecimiento de la pobreza y siendo de una gravedad
excepcional la propuesta planteada en el Parlamento Vasco, desde el grupo
municipal Mixto, al igual que lo han hecho las Redes para la Inclusión Social
en Euskadi y las entidades sociales que las conforman, queremos denunciar la
precarización y situación de indefensión en la que se deja a un grupo muy
importante de la ciudadanía vasca que no cuenta con posibilidades de tener una
vida digna; sin sustento económico total o parcial para hacer frente a los
gastos más cotidianos.
El
grupo municipal Mixto se suma a la petición que desde las REDES PARA LA
INCLUSIÓN SOCIAL EN EUSKADI y las entidades sociales que las conforman, que
abogan por una sociedad garantista, porque estamos hablando de DERECHOS
SOCIALES, por lo que trasladamos al Pleno del Ayuntamiento de Barakaldo el
siguiente:
ACUERDO
1.
El Pleno del Ayuntamiento de Barakaldo pide al Gobierno Vasco la retirada del
pacto suscrito y desechar la idea de aumentar los años de empadronamiento para
acceder a la prestación social de la RGI. Toda familia y persona en situación de
vulnerabilidad tendría que ser atendida por el sistema.
2.
El Pleno del Ayuntamiento de Barakaldo pide al Gobierno Vasco que, en los
procesos de inserción laboral, se tengan en cuenta las circunstancias personales
y familiares de los y las solicitantes de la RGI, incorporando en los citados
procesos a los y las trabajadoras sociales que complemente la labor de
orientadores y orientadoras laborales.
3.
El Pleno del Ayuntamiento de Barakaldo pide al Gobierno Vasco que renueve y
aumente las ofertas de mejoramiento y formación profesional, en vez de
establecer planes y programas complementarios de trabajos voluntarios al
servicio de la comunidad.
4.
El Pleno del Ayuntamiento de Barakaldo pide al Gobierno Vasco la ampliación de
las unidades de convivencia susceptibles de recibir las ayudas por
vivienda.
5.
El Pleno del Ayuntamiento de Barakaldo pide al Gobierno Vasco la inclusión de
las personas menores de 23 años como destinatarias de la
prestación.
26
de septiembre de 2011
Amaia Martínez Ramos
Portavoz
Grupo Municipal Mixto (Barakaldoko Ezkerra)
