LA CLASE TRABAJADORA EN ESPAÑA

Artículo de opinión del profesor Vicenç Navarro publicado en el diario Público.

http://blogs.publico.es/dominiopublico/3295/la-clase-trabajadora-en-espana/

 El Economic Policy Institute de Washington, uno de los centros de investigación económica más conocidos y prestigiosos de EEUU, publica cada dos años un informe sobre la situación de la población trabajadora en EEUU (The State of Working America) que es una referencia muy utilizada –incluso por el Congreso de EEUU– por su documentación exhaustiva sobre el mundo del trabajo en aquel país. Incluye también información sobre las condiciones laborales en la mayoría de países de la OCDE de semejante nivel de desarrollo económico, presentando datos y gráficos que son de una gran utilidad para los estudiosos del mundo laboral en los países con mayor nivel de desarrollo económico.

  En su último informe, publicado hace sólo unas semanas, hay datos económicos y sociales que cuestionan claramente los datos que constantemente se utilizan en los centros que reproducen la sabiduría convencional de España. Así, en el capítulo sobre horas anuales de trabajo por trabajador, España (presentado frecuentemente como un país de gran laxitud e indisciplina laboral) aparece como uno de los países en los que los trabajadores trabajan más horas al año. Concretamente 1.654 horas, muy por encima del promedio de los países de la OCDE, 1.628 horas.

  Otra sorpresa es el indicador que contradice otro elemento de la sabiduría convencional que habla constantemente del escaso crecimiento de la productividad como causa de la escasa recuperación económica española. El informe señala que el crecimiento de la productividad en España durante el periodo 2007-2009 fue el mayor (5,4%) de los países de la OCDE, cuyo promedio fue de -1,1%. El de Estados Unidos fue menor que el de España, un 4%, lo que contrasta con la mayoría de países de la OCDE, que sufrieron un descenso de su productividad. España fue también el país que destruyó más empleo, con una tasa negativa de producción de empleo (-7,2%).

  Otro dato interesante es el nivel de productividad, dato diferente al del crecimiento de la productividad. De nuevo, las cifras contradicen la visión promovida por conservadores y neoliberales que constantemente se refieren a España como un país con muy baja productividad. El informe señala que la productividad española está por encima no sólo de Grecia, Portugal e Italia, sino también de Japón y Nueva Zelanda.

  Es también interesante analizar los salarios. España tiene los más bajos de la OCDE (junto con Grecia y Portugal). Su compensación salarial por hora en la manufactura (cuyos trabajadores son los mejor pagados en cualquier país) es sólo el 85% del de EEUU. La mayoría de los países de la UE-15 están muy por encima de EEUU (Dinamarca 172%, Suecia 147%, Noruega 197%, Alemania 153% o Austria 144%). Tales datos muestran que no pueden justificarse los bajos salarios de España recurriendo al argumento de una supuesta baja productividad. En realidad, España no está a la cola de la productividad de la OCDE. Sí que está, en cambio, a la cola de los salarios. En realidad, el nivel salarial responde más a causas políticas que a causas económicas. Así, la variable que tiene un gran poder determinante del nivel salarial (y también, por cierto, de la actividad redistribuidora del Estado) es el poder sindical. A mayor poder sindical, mayores salarios, menores desigualdades y mayor productividad.

  Otro dato de gran interés es que, en el análisis del sector público, el informe señala que España es uno de los estados menos redistributivos. El indicador que el informe utiliza para medir la capacidad redistributiva del Estado es el porcentaje de la población en situación de pobreza antes y después de las intervenciones del Estado. El Estado, a través de impuestos, por un lado, y las transferencias públicas, por el otro, afecta a la distribución de la renta de un país. Pues bien, España es uno de los países donde el Estado tiene menos impacto en la reducción de la pobreza. Esta pasa de ser el 17,6% de la población, antes de que intervenga el Estado, a un 14,1%, sólo 3,5 puntos menos. En la gran mayoría de países, la reducción es mucho mayor. EEUU, uno de los países con mayores desigualdades, reduce la pobreza 9,2 puntos, más del doble que España. Y si vamos a países de tradición socialdemócrata como Suecia, vemos que la reducción de la pobreza es de 21,4 puntos. España, repito, sólo 3,5 puntos. Esto quiere decir que los impuestos son muy regresivos y las transferencias públicas muy escasas.

  Los países nórdicos, junto con Francia, son los más redistributivos. España, junto con Holanda, Japón y EEUU, son los menos redistributivos. Es interesante señalar que los países más redistributivos (Suecia, Noruega, Dinamarca) están por encima del promedio de productividad de la OCDE.

  Noruega es el país del mundo con mayor productividad, y también uno en los que su Estado tiene mayor impacto redistributivo. Esto cuestiona el dogma neoliberal según el cual la eficiencia económica requiere inequidad.

  Lo que también llama la atención son los datos sobre igualdad de oportunidades medida por la tasa de movilidad vertical (de padres a hijos) entre generaciones. España, junto con Italia, Irlanda y EEUU, es uno de los países que tiene menos movilidad social. El sistema educativo tiene escaso impacto en igualar las oportunidades de las distintas generaciones. Esto está relacionado con el sistema educativo dual con las clases pudientes enviando sus hijos a la escuela privada, y las clases trabajadoras y medias enviando sus hijos a la escuela pública. En estos países, los hijos de la clase trabajadora lo tienen más difícil para alcanzar niveles de clases de renta superior. Y ahí termina la fotografía –no muy halagadora– de la situación de la clase trabajadora en España.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University

Ilustración de El Roto

Islandia sí es una revolución

Fuente: El Correo Digital (http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20110412/opinion/islandia-revolucion-20110412.html)


DANIEL REBOREDO
HISTORIADOR

  El pasado sábado se celebró en Islandia un referéndum con el que se pretendía cerrar el ciclo iniciado con la crisis financiera de 2008 que llevó a la ruina al país y en cuyo proceso los ciudadanos han demostrado lo que se puede hacer frente a la especulación financiera desregulada. Pero ¿lo han hecho realmente? Y si es así ¿por qué no están inundados los medios de comunicación de noticias relativas al antiguo reino de Thule? ¿Es que acaso no interesa mostrar un camino que se aleja de las autopistas controladas por el FMI y el BM? Todas estas preguntas, y otras muchas, se contestarán de una u otra forma dependiendo de los intereses de la persona que lo haga, pero lo que nadie podrá negar es que los islandeses han sido capaces de mostrarnos una alternativa a las decisiones unánimes que los gobiernos de los principales países del mundo han adoptado para enfrentarse a las consecuencias de la crisis y al papel culpable que se nos asigna a los ciudadanos de a pie en esta trágica pantomima.

  Tantas palabras huecas sobre los acontecimientos de los países árabes, tildándolos exageradamente de revolución cuando el poder sigue en manos de los mismos; innumerables artículos dedicados a Grecia, Irlanda y ahora Portugal, y escasísimas referencias a un auténtico proceso revolucionario de consolidación de verdadera democracia sin atisbo alguno de violencia. Sólo los islandeses y su revolución pacífica han sido capaces de derribar un Gobierno en 2009 (el del conservador Geir H. Haarden), redactar una nueva Constitución y encarcelar a muchos de los responsables de la debacle económica del país, consolidando la democracia más antigua del mundo. ¿Cómo lo han conseguido? De una forma muy sencilla, negándose a asumir las deudas contraídas por los bancos privados y aprovechando el caudal que da la democracia para participar en todas las importantes decisiones que se han adoptado en el país desde 2008. De las mismas caben destacar las elecciones anticipadas de abril de 2009 de las que salió el Gobierno de coalición formado por la Alianza Social-demócrata y el Movimiento de Izquierda Verde, encabezado por la primera ministra Jóhanna Sigurdardóttir; el referéndum de 7 de marzo de 2010 rechazando las negociaciones con los gobiernos holandés y británico para devolver los 3.700 millones de euros de la quiebra de Icesave (filial del Landsbanki) y bloqueando el pago de la deuda; el rechazo del acuerdo aprobado en el Parlamento islandés de 17 de febrero de 2011, ante las presiones de los organismos financieros internacionales, que luego vetó Ólafur Ragnar Grímsson y que dio lugar al referéndum; la Iniciativa Islandesa Moderna para Medios de Comunicación, proyecto de ley que pretende crear un marco jurídico destinado a la protección de la libertad de información y de expresión; y, finalmente, una ambiciosa reforma constitucional que, por primera vez en la historia, nacerá de un proceso de democracia directa y en la que trabajan, desde mediados de febrero, 31 ciudadanos sin filiación política (el denominado Parlamento Constituyente Asesor) para elaborar un nuevo texto que sustituirá al de 1944.

  El silencioso 'proceso revolucionario' islandés se inició, tal y como señalábamos, en 2008, cuando su Gobierno decidió nacionalizar los tres principales bancos que estaban en quiebra técnica, el Glitnir Bank HF, el Kaupthing y el Landsbanki Islands HF, y cuyos clientes eran principalmente holandeses, británicos y estadounidenses. Bancos que, al abrigo del prepotente y ufano neoliberalismo, se lanzaron a comprar activos y productos fuera de sus fronteras que eran sólo basura. A pesar de la resistencia ciudadana a pagar los platos rotos, los islandeses padecen las consecuencias de la avaricia neoliberal en forma de recortes económicos en la sanidad, la educación y otros sectores públicos; del aumento del desempleo; de las reducciones salariales o de la congelación de los sueldos; del incremento de los precios; del pago del préstamo de 2.100 millones de dólares del FMI; etcétera.

  Jugaban a favor del sí en el referéndum factores como la reducción de los intereses aplicados por Holanda y Reino Unido (5% al 3%), el aumento del valor de los activos del Landsbanki, la fuerte presión internacional y las acciones legales derivadas del no pago. Claro que también existía la posibilidad de que este segundo referéndum no fuera suficiente y en un futuro el Parlamento aprobara una nueva norma para la devolución de los depósitos, lo que nos llevaría a una nueva consulta popular. Pues bien, el triunfo del no coloca al país en una tesitura en la que cualquier negociación que hagan lo será, ya lo es, en mejores condiciones que las de otros Estados europeos e incluso su proceso de adhesión a la UE, iniciado en junio del año pasado, será, a pesar de las declaraciones de algún líder europeo, favorable a sus intereses.

  La trascendencia de lo acaecido en Islandia rebasa el pago o no pago de su deuda. En el país nórdico se han debatido y cuestionado los valores que llevaron al boom especulativo y a la incompetencia y deslealtad de los dirigentes públicos y privados sobre los que debe fundarse una sociedad; se ha recuperado el papel de la ciudadanía en la democracia y en la construcción social; se ha recordado que la política y quienes la ejercen deben estar al servicio de los ciudadanos; se ha demostrado que hay otras formas de enfrentarse a la crisis y, finalmente, se ha caminado de la democracia representativa liberal hacia la democracia participativa directa. Islandia se ha convertido en una luz fulgurante en el erial de las democracias modernas. Islandia sí es una revolución.

IU muestra su total apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular para modificar la Ley Hipotecaria

Cayo Lara traslada el total apoyo de IU a la Iniciativa Legislativa Popular para modificar la Ley Hipotecaria

El coordinador federal se felicita por la iniciativa emprendida ahora por ocho asociaciones después de que el pasado 22 de febrero PSOE, PP y CiU sumaran sus votos para rechazar en la Cámara Baja la proposición de IU que buscaba los mismos objetivos.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, se ha felicitado por la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada para modificar la Ley Hipotecaria y hacer posible la dación de la vivienda en pago de la deuda hipotecaria, al tiempo que ha trasladado “el total apoyo de nuestra formación para que pueda materializarse y se concrete en un nuevo debate sobre este importante tema en el Congreso, que contará con el completo apoyo de IU”.

Esta iniciativa ha sido promovida por las entidades AICEC-ADICAE, CC.OO. de Catalunya, Confavc, Observatori DESC, Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, Taula d'Entitats del Tercer Sector Social, Unió de Consumidors de Catalunya y UGT de Catalunya, y presentada ayer en el Registro del Congreso de los Diputados, con el apoyo de IU a través de su portavoz parlamentario, Gaspar Llamazares.

Lara comprende “la enorme preocupación e, incluso, desesperación en la que viven decenas de miles de familias que están siendo víctimas de una situación que es socialmente insostenible”. La regulación actual hace que la entidad bancaria se adjudique la vivienda por tan sólo el 50% del valor de tasación, mientras que la familia afectada tiene que pagar el resto de la deuda, más los intereses generados y los gastos del procedimiento judicial.

“El Gobierno, a través de portavoces como el ministro José Blanco, y sus protegidos financieros –subraya- invocan al ‘hombre del saco’ cuando alegan falsamente que un cambio de regulación hundiría a la Banca. Estamos viviendo en una especie de ‘capitalismo de garrafón’, tramposo y nauseabundo, que pretende asegurar sus beneficios sobre unos usuarios atados de pies y manos. Éstos presencian atónitos cómo este Gobierno se muestra duro con los débiles y obediente y servicial con los poderosos”.

Cayo Lara recuerda que el paso dado por los impulsores de esta iniciativa “camina en la misma línea que las propuestas realizadas por IU para reformar radicalmente la Ley Hipotecaria y que sólo el bien hipotecado, la vivienda, sirva para responder como garantía del pago del crédito hipotecario concedido, sin que los afectados tengan que pagar a los bancos de por vida además de quedarse sin vivienda”.

De hecho, el pasado 22 de febrero PSOE, PP y CiU sumaron fuerzas en el Pleno del Congreso para rechazar la proposición de ley de IU en la que se plasmó esta propuesta. La iniciativa parlamentaria de Izquierda Unida reclamaba también reconocer el derecho subjetivo y “judicialmente exigible” de todos los ciudadanos a una vivienda digna. Además, se pedía la “prohibición de cláusulas abusivas” en los contratos, como la imposición de intereses moratorios superiores a los remuneratorios, los avales por importes que excedan el precio de la propia vivienda y la imposición de comisiones por el estudio o concesión de un préstamos hipotecario.

A falta de mejores argumentos, PSOE y PP coincidieron plenamente en alegar para rechazar la proposición el que vulneraba las competencias de las comunidades autónomas y en advertir que su puesta en práctica conllevaría, según ellos, “más gasto, más déficit y más intervencionismo”.

Cayo Lara anuncia que “desde Izquierda Unida volveremos a presentar esta iniciativa en todos los ámbitos parlamentarios las veces que hagan falta hasta lograr una aprobación que es de justicia. El máximo responsable de IU detalló que “defenderemos también la adopción de una disposición legal que suspenda la ejecución de un desahucio como consecuencia del impago de la hipoteca sobre la vivienda habitual cuando al menos uno de los miembros de la unidad familiar esté en situación de desempleo”.

Para Lara, “el fraude hipotecario es un abuso y una vergüenza. Se debería permitir que la Fiscalía se persone en los procedimientos de desahucio por impago de hipotecas cuando el prestatario aporte indicios de que el contrato hipotecario pueda contener irregularidades”.

En la foto Andrés Hidalgo, de CCOO, Cayo Lara y Fran Pérez, se manifiestan junto a afectados por el fraude hipotecario.

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