Trasladamos dicha moción en el marco de la campaña que venimos desarrollando desde Ezker Anitza- IU, y que desgraciadamente ha coincicdido en el tiempo con el fallecimiento de Rosa, una de tantas muertes que se vienen dando en este país en silencio.Adjuntamos la moción aprobada por si es de vuestro interés:
Moción de medidas para prevenir la pobreza energética
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No existe el bienestar de las personas sin el acceso a la energía. Este está directamente relacionado, ya que la energía es necesaria para sustentar los servicios básicos que necesita cualquier hogar:
Para iluminarnos, para la climatización, para conservar los alimentos, para cocinar, para tener agua caliente sanitaria… En definitiva, para que un hogar pueda ser un hogar. Todas las personas deberían tener cubiertas sus necesidades de energía para asegurarse unas condiciones mínimas de confort.
Una combinación de crisis económica, bajos ingresos y subida de precios de la energía, acompañada de una deficiente eficiencia energética de las viviendas, dan como consecuencia que existen que son hogares se encuentran con la imposibilidad de asumir el pago de los servicios mínimos para satisfacer sus necesidades básicas energéticas.
Originalmente, la pobreza energética fue definida en el Reino Unido por Brenda Boardman a principios de la década de 1990 como la “incapacidad [para un hogar] de obtener una cantidad adecuada de servicios de la energía por el 10% de la renta disponible”
La pobreza energética depende fundamentalmente de tres componentes: los ingresos familiares, los costes de la energía y la calidad de la vivienda en cuanto a su eficiencia.
La pobreza energética se puede definir como, aquella situación que sufre un hogar incapaz de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacer sus necesidades básicas, ya que requiere de una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energéticas facción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar en servicios de la energía una cantidad superior al 10% de la renta disponible de su vivienda.
Consideramos que la pobreza energética causa efectos en diferentes niveles que podríamos resumir como:
Los efectos sobre la salud. Existe un mayor riesgo de padecer determinadas enfermedades respiratorias o cardiovasculares o el agravamiento de otras como la artritis o el reumatismo. Incluso la mayor incidencia en el aumento de la mortalidad adicional durante el invierno. Estos problemas se dan fundamentalmente en los colectivos más vulnerables como personas mayores y menores de edad.
Los efectos para los consumidores más vulnerables. Afecta especialmente a los colectivos más vulnerables que son incapaces de hacer frente al pago de la factura energética lo que produce la interrupción del suministro de los servicios energéticos de gas o electricidad. Son las personas más vulnerables, las que se ven desprovistas de estos servicios hasta poder realizar el pago de los gastos atrasados y, en muchos casos, de una tasa de reconexión. Esto provoca el efecto perverso del empeoramiento de la ya precaria situación de las familias más vulnerables, incrementando el riesgo de exclusión social.
Los efectos sobre la calidad de vida y el bienestar. La pobreza energética también implica un exceso de gasto energético en relación con la renta familiar e incrementa los gastos en vivienda cuando esta es energéticamente ineficiente. Obliga a gastar más dinero para abonar la factura energética. Esto obliga a los colectivos más vulnerables a una reducción equivalente de su capacidad de gasto en otros bienes y servicios básicos como son la alimentación, el transporte o la educación.
Los efectos sobre el medio ambiente. Los hogares con una ineficiencia térmica generan un sobre-coste añadido que tiene consecuencias económicas y sociales, y tremendamente nocivos para el medio ambiente. Este sobreconsumo de energía en los hogares es responsable de un 33 % de las emisiones de efecto invernadero. Es imprescindible la rehabilitación del parque de vivienda y la generación de ayudas institucionales para quienes no son capaces de realizarlas por sus bajos ingresos. La necesidad de realizar obras de mejora y adecuación de la vivienda con el fin de incrementar el ahorro y la eficiencia energética constituye un importante obstáculo a la hora de atribuir ciertas viviendas a personas o familias cuya renta disponible no es suficiente para cubrir los costes necesarios para llevar a cabo la rehabilitación.
La pobreza energética tiene un impacto profundo en la vida de las personas y puede influenciar en su esperanza de vida y en el agravamiento de enfermedades crónicas. Se estima que la pobreza energética puede ser responsable de más de 2.300 muertes prematuras anuales. Las consecuencias de la pobreza energética son múltiples: la falta de calefacción afecta a la higiene, la salud (dilema «heat or eat», afecciones respiratorias, etc.) y, a menudo, genera sobre mortalidad y sobreendeudamiento, así como aislamiento social y geográfico.
La UE también comparte este diagnóstico y ya en las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del mercado interior de electricidad y gas, respectivamente, plantean exigencias que obligan a los Estados Miembros a adoptar medidas para abordar el fenómeno de la pobreza energética.
El Dictamen del CESE —Comité Económico y Social Europeo— de 2011 sobre «La Pobreza Energética en el contexto de la liberalización de la crisis económica» señala que la pobreza energética es una nueva prioridad social que necesita apoyo a todos los niveles y propone que la pobreza energética se tenga en cuenta a la hora de elaborar cualquier política energética.
Y en un posterior dictamen de 2013 «Por una acción europea coordinada para prevenir y combatir la pobreza energética», el mismo CESE —Comité Económico y Social Europeo—, manifiesta que la energía es un bien común esencial, debido a su papel indispensable en todas las actividades cotidianas, que permite a cada ciudadano tener una vida digna, mientras que carecer de él provoca dramas. Añade que la pobreza energética mata física y socialmente.
En cuanto a Euskadi la encuesta de necesidades sociales 2014 sobre pobreza, que elaboró el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco para analizar los distintos indicadores de pobreza y ausencia de bienestar en la Comunidad Autónoma de Euskadi, incorpora dos datos que han sufrido un incremento significativo en el periodo 2008-2012:
- El número de personas que tienen problemas para mantener su hogar a una temperatura adecuada durante los meses fríos ha alcanzado en 2014 a 235.526 personas, cuando en 2008 no llegaba a las 90.000.
- Por otro lado, en 2014 la población afectada por cortes de suministro de servicios energéticos en el hogar (incluyendo agua, luz o teléfono) afectó a 38.255 personas frente a las 35.191 de 2008.
La ciudadanía en Euskadi incapaz de calentar su hogar en invierno entre los 17 y los 21 grados (intervalo de temperatura que recomiendan los expertos) se ha incrementado en un espectacular 168,1% desde el comienzo de la crisis, según los propios datos del Gobierno vasco. Mientras que en 2008 eran 88.619 las personas que en Euskadi no podían tener servicios básicos en sus hogares, en 2014 la cifra se ha disparado hasta las 237.526 personas, a su vez el 31,8% más que los registrados en 2012, cuando 180.210 personas se encontraron en una situación que revela esta imperiosa necesidad.
La electricidad española para los hogares es la cuarta más cara de toda Europa, solo por detrás de Dinamarca, Alemania e Irlanda.
El precio de la luz sigue subiendo, en España, más que en la media europea, según los datos de Eurostat. El incremento desde el segundo semestre de 2013 hasta la segunda mitad de 2014 ha sido del 4,1%, frente a un incremento del 2,9% en el conjunto de la Unión Europea y del 2,7% en la zona euro.
Si se cuenta desde 2006 hasta los últimos incrementos, en el caso del pequeño consumidor la subida es más de 88%, lo que, unido a la crisis económica, agrava la dificultad de afrontar la factura energética de las personas más vulnerables, haciendo crecer con fuerza la pobreza energética y los cortes de suministro.
Las compañías no ofrecen datos para cuantificar el número de clientes que no pagan y, por tanto, se ven afectados por cortes de suministro. Lo cierto, no obstante, es que a los servicios sociales llegan cada vez más casos de este tipo. Así, mientras ayuntamientos y entidades sociales incrementan las ayudas destinadas a urgencia social, y concretamente las referidas al pago de facturas de gas, luz y agua, las grandes compañías de suministro continúan obteniendo beneficios millonarios, que llegan a ser del 6,78% frente al 2,62% de las europeas, y ordenando el corte de suministros por deudas irrisorias.
El Estado sigue careciendo de una política específica dirigida a prevenir el fenómeno de la pobreza energética que sufren cada vez más familias y hogares para garantizar unos consumos mínimos vitales a todas las familias en función del número de miembros y de periodos estacionales. Todas las compañías suministradoras aseguran disponer de bonos sociales para las familias más desfavorecidas, pero no solo son insuficientes, sino que a menudo provocan que quien más los necesite se queda fuera.
El Estado debería actualizar el bono social, para que este sea posible y acorde a la legalidad. Debería, además, tener en cuenta también las condiciones de la vivienda y el nivel de ingresos familiares y no solo la potencia contratada o la situación familiar/laboral. También habría que incorporar el establecimiento de un bono social tanto para el gas natural, como para el butano y el propano, como ya hacen otros países.
Existen experiencias a nivel europeo donde además de ayudas puntuales a colectivos vulnerables para el pago de facturas o dirigidas al ahorro y eficiencia energética, aseguran el suministro en momentos críticos, se trata de impedir la desconexión durante los meses de más frío o a consumidores vulnerables, es decir aquellas personas que por razones de edad, salud, discapacidad o inseguridad financiera grave no están en condiciones de garantizar su bienestar personal y el del resto de miembros de su familia.
Por todo lo expuesto el Grupo Municipal Irabazi Barakaldo PROPONE AL PLENO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA ADOPCIÓN DE LOS SIGUIENTES
ACUERDOS:
1. El Pleno del Ayuntamiento de Barakaldo exige que el Gobierno del Estado tome las medidas necesarias para que se ponga en marcha la Tarifa Social y esta medida se aplique a todas las personas que la necesiten
2. El Pleno del Ayuntamiento de Barakaldo exige al Gobierno del Estado la aprobación de una Ley de medidas para prevenir la pobreza energética que regule el sistema de suministros básicos del hogar e incluya mecanismos que primen el ahorro y penalice el consumo ineficiente, garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado, estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con bajos ingresos económicos.
Igualmente, en la citada Ley se deben establecer medidas para que todos los hogares puedan mantener tanto unas condiciones adecuadas de temperatura, como disponer de otros servicios energéticos esenciales a un precio justo. Se garantizar el bono social para aquellos hogares con poder adquisitivo reducido o en riesgo de exclusión social, estableciéndose una tregua invernal e impidiendo el corte de suministro a estas familias.
3 El Ayuntamiento de Barakaldo elaborará un plan contra la pobreza energética, con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a los suministros básicos del hogar que permita identificar, prevenir y corregir las situaciones detectadas.
4 El Pleno del Ayuntamiento de Barakaldo insta al Gobierno del Estado a modificar la Ley 3//1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido estableciendo un IVA reducido para el precio de gas y la electricidad a nivel doméstico.
5 El pleno del Ayuntamiento de Barakaldo insta al Gobierno Foral y al Gobierno Vasco a que, en colaboración con las Entidades Sociales y Agentes Económicos y Sociales Afectados, pongan en marcha pongan en marcha una estrategia para erradicar la pobreza energética.
6 El Ayuntamiento de Barakaldo insta al Gobierno Foral y al Gobierno Vasco a la adopción de un compromiso contra la pobreza Energética, creando un fondo de emergencia para luchar contra la misma.
7 El Ayuntamiento de Barakaldo insta al Gobierno Vasco a dar cumplimiento al acuerdo del Pleno del Parlamento Vasco de 27 de febrero de 2014 referido a la Pobreza Energética.
8 El Ayuntamiento de Barakaldo insta al Gobierno Vasco a generar una partida especifica para la regeneración de vivienda en cuanto a eficiencia energética, priorizando las zonas degradadas económicamente con el fin de paliar la Pobreza Energética.
9 De esta moción se dará traslado a:
· Presidencia del Gobierno de España.
· Grupos con representación parlamentaria en el Congreso de Diputados.
· Federación de Municipios y Provincias de España (FEMP).
· Asociaciones de Vecinos y Consumidores de la localidad.
