La Delegación de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo ha presentado
hoy una batería de preguntas a la Comisión Europea denunciando la
ilegalidad de los porcentajes de quita sobre participaciones preferentes
y deuda subordinada establecidos por el Fondo de Restructuración
Ordenada Bancaria (FROB). "Las participaciones preferentes fueron
colocadas bajo contratos nulos y la Comisión Europea debe ser consciente
que no puede exigir estos fondos sin incurrir en la ilegalidad" sostuvo
Willy Meyer.
El FROB, en cumplimiento del Memorado de Entendimiento firmado entre el Gobierno de España y la Unión Europea, ha establecido estos niveles de quita de la deuda sobre miles de contratos de preferentes y deuda subordinada que se habrían firmado con "vicio de consentimiento", lo cual según el Código civil español sería causa de nulidad.
Según el Ministro de Economía del Gobierno español se estima el número de afectados en más de 300.000 depositarios que verán sus fondos afectados por una quita media de entre un 38 y un 61% para las participaciones preferentes y entre el 11 y el 41% para los diferentes tipos de deuda subordinada.
"Esta quita de los depósitos de ciudadanos que fueron engañados por los bancos supone una estafa institucional masiva, con la participación del Gobierno, que firmó un Memorando de Entendimiento que ha acarreado este expolio a los ciudadanos" sostuvo Meyer.
Mañana 24 de abril se celebrará la reunión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo de la que Willy Meyer es vicepresidente en la que se tratarán 11 peticiones presentadas por ciudadanos europeos con respecto al tema de las participaciones preferentes. Dicha reunión permitirá a los afectados elevar su voz a las instituciones europeas y reforzar las posiciones que rechazan la estafa a la que están siendo sometidos estos ahorradores.
"Estos ciudadanos han sido estafados, puesto que la propia normativa europea que afecta a las participaciones preferentes prohíbe a todas luces su comercialización al público en general y sostiene que son instrumento con riesgos financieros complejos que solo deben ser adquiridos por personas con experiencia en el sector financiero", ha explicado Meyer.
Así la legislación europea sobre este tipo de productos es compleja, incluyendo las Directivas 2004/109/CE sobre Transparencia, la 2003/06/CE sobre Abuso de Mercado, la 2003/71/CE sobre Folletos, y el reglamento 1287/2006/CE sobre el espacio MiFID que especifican que los agentes que operaran en el mercado financiero deben ser perfectamente informados y ser agentes con experiencia en dichos productos. Estas normativas sobre la información relativa a los riesgos asumidos por el inversor no se aplicaron en España a la hora de colocar participaciones preferentes a miles de clientes, entre los que se encontraban menores de edad, personas analfabetas y clientes usuales sin experiencia en mercados financieros.
"Este claro "vicio de consentimiento" bajo el que se firmaron deberá producir la nulidad de miles de estos contratos por la vía judicial, pero el Gobierno y la Unión Europea están actuando con la mayor celeridad posible para forzar la quita y dificultar a posteriori las reclamaciones judiciales de dichos fondos", sostuvo el eurodiputado de Izquierda Unida.
La Presidencia Federal de Izquierda Unida en España ha decidido querellarse este mismo lunes contra las principales entidades del sistema bancario español. Izquierda Unida considera la quita de estos fondos un acto de estafa y expolio de los tenedores de preferentes y está desarrollando una estrategia en todas las instituciones políticas así como por la vía judicial para hacer valer el derecho de estos ahorradores frente a los bancos que han usurpado sus fondos.
El FROB, en cumplimiento del Memorado de Entendimiento firmado entre el Gobierno de España y la Unión Europea, ha establecido estos niveles de quita de la deuda sobre miles de contratos de preferentes y deuda subordinada que se habrían firmado con "vicio de consentimiento", lo cual según el Código civil español sería causa de nulidad.
Según el Ministro de Economía del Gobierno español se estima el número de afectados en más de 300.000 depositarios que verán sus fondos afectados por una quita media de entre un 38 y un 61% para las participaciones preferentes y entre el 11 y el 41% para los diferentes tipos de deuda subordinada.
"Esta quita de los depósitos de ciudadanos que fueron engañados por los bancos supone una estafa institucional masiva, con la participación del Gobierno, que firmó un Memorando de Entendimiento que ha acarreado este expolio a los ciudadanos" sostuvo Meyer.
Mañana 24 de abril se celebrará la reunión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo de la que Willy Meyer es vicepresidente en la que se tratarán 11 peticiones presentadas por ciudadanos europeos con respecto al tema de las participaciones preferentes. Dicha reunión permitirá a los afectados elevar su voz a las instituciones europeas y reforzar las posiciones que rechazan la estafa a la que están siendo sometidos estos ahorradores.
"Estos ciudadanos han sido estafados, puesto que la propia normativa europea que afecta a las participaciones preferentes prohíbe a todas luces su comercialización al público en general y sostiene que son instrumento con riesgos financieros complejos que solo deben ser adquiridos por personas con experiencia en el sector financiero", ha explicado Meyer.
Así la legislación europea sobre este tipo de productos es compleja, incluyendo las Directivas 2004/109/CE sobre Transparencia, la 2003/06/CE sobre Abuso de Mercado, la 2003/71/CE sobre Folletos, y el reglamento 1287/2006/CE sobre el espacio MiFID que especifican que los agentes que operaran en el mercado financiero deben ser perfectamente informados y ser agentes con experiencia en dichos productos. Estas normativas sobre la información relativa a los riesgos asumidos por el inversor no se aplicaron en España a la hora de colocar participaciones preferentes a miles de clientes, entre los que se encontraban menores de edad, personas analfabetas y clientes usuales sin experiencia en mercados financieros.
"Este claro "vicio de consentimiento" bajo el que se firmaron deberá producir la nulidad de miles de estos contratos por la vía judicial, pero el Gobierno y la Unión Europea están actuando con la mayor celeridad posible para forzar la quita y dificultar a posteriori las reclamaciones judiciales de dichos fondos", sostuvo el eurodiputado de Izquierda Unida.
La Presidencia Federal de Izquierda Unida en España ha decidido querellarse este mismo lunes contra las principales entidades del sistema bancario español. Izquierda Unida considera la quita de estos fondos un acto de estafa y expolio de los tenedores de preferentes y está desarrollando una estrategia en todas las instituciones políticas así como por la vía judicial para hacer valer el derecho de estos ahorradores frente a los bancos que han usurpado sus fondos.
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