jueves, 7 de junio de 2012

Ley de Juventud.

Ezker Anitza pide la devolución de la Ley de Juventud porque "no aporta
nada" y "vacía de competencias" al EGK
Arana cree que la votación será "un nuevo ejemplo de que el pacto PSE-PP,
que se supone que está roto, quizá no lo esté tanto"

   VITORIA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Ezker Anitza-IU ha anunciado que este jueves pedirá en el pleno del
Parlamento vasco la devolución de la Ley de Juventud al Gobierno vasco al
considerar que se trata de una norma que "no aporta nada" y que simplemente
"vacía de competencias" al Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK)
"certificando su estrangulamiento".

   El parlamentario de Ezker Anitza, Mikel Arana, junto al coordinador del
área de Juventud de Ezker Anitza, Xabi Jiménez, ha explicado en rueda de
prensa que han presentado una enmienda de totalidad, que se debatirá en el
pleno que se celebrará este jueves, y 42 enmiendas parciales a la ley
presentada por el ejecutivo de Patxi López.

   Las enmiendas apuestan por conseguir un texto que "efectivamente
reconozca derechos y que no los enumere", que se refuerce el papel del
Consejo vasco de Juventud "al que se le limitan sus capacidades" y que se
reconozcan las experiencias autogestionadas que están fuera del sistema y
que "la ley ignora".

   Según ha explicado Arana, el área de Juventud de su formación ha
elaborado estas enmiendas, ya que la norma que "en principio iba a resolver
la verdadera brecha entre la ciudadanía plena y las condiciones de vida y
trabajo de la juventud pero que sin embargo, ha quedado en una oportunidad
perdida" con un texto legal que "queda prácticamente en nada".

   Asimismo, ha explicado que PNV y Aralar también han solicitado la
devolución de esta ley por lo que tras conocer la votación de la enmienda
de totalidad "tendremos un nuevo ejemplo de que el pacto PSE-PP, que se
supone que está roto, quizá no lo esté tanto" y que ambas formaciones
"coincidan" en un modelo de juventud. Por ello, ha reconocido que será "muy
difícil" alcanzar acuerdos en el proceso de las enmiendas, ya que el
ejecutivo conoce el contenido de las mismas  y no las ha aceptado.

  Arana ha criticado que el conjunto de la sociedad joven "es sometida a
una merma de derechos" y ha citado como ejemplo la tasa de desempleo
juvenil "que dobla la media", salarios "muy por debajo de lo normal o las
condiciones de trabajo "por debajo de los estándares sociales con
precariedad, flexibilidad y contratos basura camuflados de becas o falsos
autónomos", entre otros.

   Ante esta realidad, el coordinador del área de Juventud de Ezker Anitza,
Xabi Jiménez, ha afirmado que esta ley es "necesaria" y ha criticado que el
Gobierno vasco ha perdido una oportunidad de oro en la que no ha sabido
trasladar ni dejar participar a los agentes sociales de carácter juvenil.

   En este sentido, ha denunciado que la participación de estos agentes
sociales ha sido "escasa" porque el ejecutivo  "no ha habilitado los
espacios adecuados, diezmando la participación social", con el objetivo de
que "sean los jóvenes quienes elaboren esta ley y no que sea un texto
vertical impuesto" por el Gobierno vasco.

   Respecto a su contenido, Jiménez ha criticado que no se incluya "ningún
mecanismo" para garantizar los derechos sino que los enumera. "Los jóvenes
sabemos que tenemos esos derechos, el problema es que no se ejercen porque
no hay mecanismos para ello", ha insistido.

   Al respecto, ha criticado que se deje en manos de los planes de juventud
existentes en conjunto de la Ley por lo que ha concluido el que texto del
Gobierno del PSE no aporta nada de lo que ya existe, aunque sí  "asesta un
golpe definitivo al Consejo de la Juventud de Euskadi al que vacía de
competencias, a través del Instituto de la Juventud". "De esta forma se
certifica el estrangulamiento al que el PSE quería someterle cuando estaba
en la oposición", ha denunciado.

   Por ello, ha realizado un llamamiento a la "reformulación" del proceso
para que la ley sea participada por los jóvenes, "desde su realidad"; para
que se construya desde la base y no desde el punto de vista de las
instituciones; y sea garantista para que los derechos sean "efectivos".

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