IU celebra las sentencias del Supremo contra la separación escolar por razón de sexo y denuncia la actitud "comprensiva" del ministro de Educación hacia un modelo educativo segregador

IU recuerda que el artículo en que se basan las sentencias del alto tribunal procede de una enmienda de su grupo parlamentario al texto inicial de la LOE, y reclama que se supriman inmediatamente los conciertos educativos a los centros que segreguen al alumnado por razón de sexo. 

Tras las dos sentencias del Tribunal Supremo contra la financiación pública de los colegios que practican la discriminación por razón de sexo, separando a niños y niñas en su proceso educativo, por considerar que esta práctica es discriminatoria, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, se ha apresurado a justificar semejante práctica y a defender el concierto educativo de los centros privados que la aplican, con el pretexto de que la Convención de la UNESCO acepta la educación diferenciada de niños y niñas.

 Las sentencias del Tribunal Supremo que consideran estas prácticas como discriminatorias se fundamentan en un articulo de la actual Ley de Educacion (LOE) que procede de una enmienda de sustitución, presentada en su día por Izquierda Unida y expresada en los mismos términos que recoge el articulo 14 de la Constitución: "En ningún caso habrá discriminación en la admisión de alumnos por razones ideológicas, religiosas, morales, sociales y de etnia, de sexo o de nacimiento." Por eso el Alto Tribunal ha recordado que la LOE establece que en la admisión de alumnos y alumnas no podrá haber discriminación por razón de sexo. 

Desde Izquierda Unida exigimos no sólo que se retire cualquier tipo de financiación pública a los dos centros educativos de Andalucía y Cantabria que practican este tipo de discriminación sexual, sino a todos los centros de cualquier parte del Estado (unos 67, 11 en Madrid, nueve de ellos del Opus Dei que además cuentan con generosas cesiones de suelo de la Administración Aguirre) y que se persiga y sancione a cualquier centro educativo que incumpla la vigente Ley de Educación (LOE), que prohíbe todo tipo de discriminación (incluido el sexo) en el proceso de escolarización de los centros educativos sostenidos con fondos públicos.