AL ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO
El Grupo Municipal Mixto Ezker Anitza-IU, por medio del presente
escrito y en virtud del Art. 46 del Reglamento Orgánico Municipal presenta al
Pleno del Ayuntamiento la siguiente:
MOCION RELATIVA A LOS DESAHUCIOS DE
VIVIENDAS
Justificación:
Desde 2008 con el estallido de la crisis y el aumento del paro,
más de cuatrocientas mil familias han sido desahuciadas y expulsadas de sus
domicilios. En Euskadi esto supone que cada día las entidades bancarias
arrebatan su vivienda a 5 familias vascas.
Cuando esto sucede, las familias no sólo se enfrentan a la pérdida
de su vivienda sino también a una condena financiera de por vida: la entidad
bancaria interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria
que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta (cosa
que en el actual contexto de crisis sucede en más del 90% de los casos), con la
ley vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 60% del valor de
tasación y sigue reclamando el pago de la deuda restante, más los intereses y
costas judiciales, a las personas en situación de insolvencia, mediante el
embargo de nóminas, cuentas, etcétera, así como embargos a los avalistas. Es
decir, además de perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a una
condena financiera de por vida que se traduce en una condena a la exclusión
social y la economía sumergida.
Esta legislación que permite que las entidades financieras se
adjudiquen las viviendas por el 60% del valor de tasación no sólo es anómala y
no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno,
sino que además era desconocida por las familias cuando firmaron los contratos
hipotecarios. Es una legislación que ha sido contestada no sólo por los
afectados, sino por los propios jueces, por las organizaciones sociales y por
la propia Unión Europea, sólo las entidades financieras y el gobierno del PP
siguen defendiendo una legislación hipotecaria con más de 100 años que pone los
derechos de los bancos acreedores por encima de los derechos de las personas.
Consideramos inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y
democrático de derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la
parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades
financieras, en buena medida responsables de la actual crisis, cuando tienen
problemas de liquidez reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos,
sin tener que asumir ninguna responsabilidad.
La
situación está originando dramas sociales, familiares e incluso suicidios, como
el reciente de Amaia Egaña en Barakaldo, lo que ha agudizado la denuncia social
de esta escandalosa injusticia. El Gobierno del PP, ha intentado acallar las
protestas con una pantomima de moratoria que deja fuera a la mayoría de casos,
y que responde más a las presiones de los bancos que a las demandas sociales.
Todo lo aquí expuesto depende básicamente de una normativa de
competencia estatal, pero cuyos efectos dramáticos se concretan en el ámbito
municipal, puesto que es a los ayuntamientos a donde se dirigen
mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda.. Además
los ayuntamientos disponen de representantes en las asambleas de accionistas de
las tres cajas vascas, recientemente privatizadas. Estos representantes
debieran trasladar el criterio de los ayuntamientos al respecto de este tema.
Numerosas personas y colectivos están demandando mediante
movilizaciones y otras acciones que se ponga fin a esta situación, y están
consiguiendo en numerosos casos el aplazamiento de los desahucios y el
compromiso de las entidades financieras para negociar soluciones alternativas
al desahucio con los afectados. Es necesaria también la implicación de los ayuntamientos en estas
movilizaciones .
En ese sentido, y tras el grave suceso ocurrido hace tan solo unos
días en nuestro pueblo, donde una mujer ha muerto tras suicidarse justo antes
de ser desahuciada de su vivienda, y teniendo en cuenta que este no es más que
uno de los cientos de desahucios ocurridos en nuestra comarca (solo 331 en los primeros 6 meses de 2012),
el Ayuntamiento de Barakaldo realiza la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO
2. Instar al Gobierno del Estado a aprobar una verdadera
moratoria para paralizar los desahucios de las primeras viviendas de todas las
personas y familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria,
hasta que se reforme la actual ley hipotecaria. Para los miles de desahucios ya
producidos, que solicitar que se aprueben con carácter de urgencia medidas
urgentes destinadas a que los miles de pisos vacíos que están acumulando las
entidades financieras como consecuencia de esos desahucios sean puestos
inmediatamente en régimen de alquiler social a disposición de las familias
desahuciadas y sin recursos.
3. Mandatar a los representantes municipales en la asamblea de
accionistas de la caja (Kutxa o BBK)
para que soliciten ante la misma la aplicación de un plan que tenga por
objetivo evitar los desahucios de la vivienda principal, negociando
alternativas con las familias afectadas, como moratorias o alquileres
sustitutivos.
4. Instar a las entidades financieras a paralizar los
procedimientos de desahucio de personas y familias en tanto se apruebe una
reforma de la ley hipotecaria, e instar al Gobierno Municipal a que adopte las
medidas precisas para retirar los fondos municipales de aquellas entidades que
sigan realizando ejecuciones hipotecarias sin atender esta petición de
moratoria.
4. Respaldar las movilizaciones que desde los colectivos sociales
se están llevando a cabo para denunciar esta problemática y mostrar apoyo a las
personas afectadas, e instar al Gobierno municipal a que llame públicamente a
la ciudadanía a secundar cada acción convocada por los colectivos que trabajan
para paralizar los desahucios.
1. El Ayuntamiento de Barakaldo
se compromete a poner en marcha un proceso de negociación con todas las
entidades financieras sitas en el municipio, encaminado a que ninguna vecina o
vecino sea despojado de un derecho fundamental, como es la vivienda, realizando
el siguiente planteamiento:
·
Suspensión extraordinaria del pago de la hipoteca en caso de que
las familias lo soliciten, y cuando no se pueda pagar la hipoteca como
consecuencia de una razón real y objetiva (desempleo...). En estos casos se
propone el impago provisional de la hipoteca durante un periodo determinado (El
Ayuntamiento deberá hacer
seguimiento de cada caso
para ver si las condiciones continúan siendo las que obligaron a la suspensión
provisional del pago de la hipoteca o cambian de manera favorable para la
familia y su situación económica).
·
El/la interesada no abandonará la vivienda y se comprometerá al
pago de un alquiler social al banco (el importe del alquiler se calcularía
según el poder adquisitivo de la familia, ascendiendo a un 15% del total de los
ingresos). Una vez desaparezcan las razones objetivas y las familias vuelvan a
la situación anterior (y siempre y cuando ese sea el deseo de la persona
interesada en el derecho a la vivienda), se dejaría de pagar el alquiler y se
podría volver a seguir pagando la hipoteca.
2. Finalizado dicho proceso de
negociación, el Ayuntamiento de Barakaldo se compromete a hacer público el
resultado del mismo, para que la ciudadanía sea consciente de la actitud de las
diferentes entidades financieras.
3. El Ayuntamiento de Barakaldo
se compromete a no trabajar con ninguna entidad financiera que no suscriba el
anterior acuerdo.
4. El Ayuntamiento de Barakaldo
se compromete a poner en marcha las medidas necesarias para que las personas
que han sido o que vayan a ser víctimas de desahucios, sean prioritarias para
su realojo en viviendas municipales.
5.
El
Ayuntamiento de Barakaldo insta al Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia
y cualesquiera otras instituciones competentes, a realizar una evaluación
de la actitud de las entidades financieras a la hora de conceder hipotecas,
evaluación que también será realizada por el propio
Ayuntamiento en la medida de sus
posibilidades, y en los casos en los que hayan actuado con irresponsabilidad,
se les pedirá que asuman su responsabilidad.
5.
Requerir al Gobierno Municipal el compromiso de informar y apoyar a las
personas y familias que han sufrido un desahucio o están bajo la amenaza de ser
desahuciados de otorgarles el asesoramiento necesario, en su caso, para
suspender el desahucio. A tal efecto se habilitará un teléfono y email para
atender a las personas afectadas.
6. Dar traslado de estos acuerdos a la plataforma STOP
Desahucios, a las entidades financieras con sucursales en el municipio, al
Gobierno del Estado, así como a los grupos parlamentarios del Congreso y el
Senado.
Fdo.:
Amaia Martínez Ramos
Portavoz
Grupo Municipal Mixto Ezker Anitza-IU
